Cada invierno parece escribirse el mismo libreto. Llegan las bajas temperaturas, aumenta el consumo residencial de gas y la primera respuesta del sistema energético consiste en cerrar la llave a la industria. La escena se repite con una precisión llamativa: plantas que reducen su actividad, líneas de producción que se detienen, incertidumbre entre los empresarios y preocupación por miles de puestos de trabajo. Lo excepcional terminó convirtiéndose en una rutina.
Es razonable que el abastecimiento de los hogares, hospitales, escuelas y demás servicios esenciales tenga prioridad. Esa decisión responde a un criterio social que nadie puede discutir. Sin embargo, una cosa es proteger a los usuarios residenciales y otra muy distinta es resignarse a que el aparato productivo sea la variable de ajuste cada vez que el sistema entra en tensión.
Lo ocurrido con las industrias tucumanas revela una debilidad que excede a una ola polar. La comunicación informando un corte total “hasta nuevo aviso” vuelve a demostrar que la planificación energética continúa siendo insuficiente. Cuando una provincia que atraviesa el pico de su actividad azucarera, citrícola y agroindustrial queda expuesta a interrupciones de esta magnitud, el problema deja de ser coyuntural para convertirse en una señal de una política que no termina de resolver sus déficits históricos.
Más preocupante aún es que el norte argentino vuelva a cargar con una parte desproporcionada del costo. Las diferencias en los precios que pagan las industrias respecto de otras regiones y las restricciones que recaen sistemáticamente sobre las economías regionales alimentan una sensación de inequidad difícil de justificar bajo un criterio verdaderamente federal. Si producir en Tucumán resulta más caro y, además, el suministro es el primero en interrumpirse, las posibilidades de competir en igualdad de condiciones se reducen considerablemente.
Las gestiones realizadas por el Gobierno provincial ante la Nación son necesarias y responden a una obligación institucional: defender el empleo y la producción. Pero tampoco deberían agotarse en reclamos circunstanciales cada vez que aparece una emergencia. La experiencia demuestra que el problema regresará el próximo invierno si no existen decisiones de fondo.
Es momento de discutir una política energética estable que trascienda los gobiernos y las urgencias. Eso implica ampliar la infraestructura de transporte, acelerar las inversiones pendientes, fortalecer el almacenamiento estratégico, diversificar las fuentes de generación y establecer protocolos transparentes para la administración de las restricciones. También supone brindar previsibilidad a las industrias, que necesitan conocer con anticipación bajo qué condiciones operarán durante los meses de mayor demanda.
La Argentina no puede naturalizar que cada invierno signifique enfrentar el dilema entre calefaccionar hogares o mantener funcionando las fábricas. Esto evidencia las limitaciones de un sistema que reacciona más de lo que planifica.
Las bajas temperaturas pasarán en algunas semanas. El desafío es impedir que, cuando llegue el próximo invierno, la discusión vuelva a ser exactamente la misma. Una política energética firme no consiste únicamente en administrar la escasez, sino en crear las condiciones para que el país pueda proteger a sus ciudadanos sin sacrificar, una vez más, su capacidad de producir, generar empleo y crecer.